La situación legal de la prostitución en Argentina es un gris jurídico

Si existe una práctica social tan arraigada a nuestra sociedad es la prostitución. Pero esta actividad tradicional no encuentra, en nuestro sistema legal, un lugar en donde asentarse, ya que ni la prohibición ni la reglamentación predominan en las leyes. Nuestro país adoptó un modelo inconcluso e indeterminado que no persigue judicialmente a quienes la ejercen ni tampoco deja que se realice con la total plenitud de derechos. 

En el ámbito del derecho penal, ofrecer un servicio sexual no es considerado un delito, pero sí lo es quien “promueva o facilite la prostitución de una persona aún con el consentimiento de la víctima” (art. 125 bis del Código Penal de la Nación). Esto quiere decir que la postura que tomaron los legisladores es la de perseguir al proxeneta y no a la persona que realiza la actividad. 

La prostitución se realiza mediante distintas formas: no es lo mismo ofrecer autónomamente los servicios a cambio de dinero u otro bien que trabajar en un espacio compartido donde hay un dueño que alquila espacios para el trabajo sexual. Muy distinta es la trata de personas, una actividad que promueve el secuestro de mujeres, muchas de ellas menores de edad y provenientes de sectores con menores recursos. Este es un delito que tiene penas más graves contempladas en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. En ambos se castiga al que “ofrezca, capte, traslade, reciba o acoja a personas con fines de explotación”, y más aún cuando medie “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”.

Las contravenciones son actitudes que el Estado considera improcedentes, no son delitos pero se multan. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $200 a $400” (art. 81 del Código Contravencional de la Ciudad de Bs. As.). Lo interesante de esta disposición es que el legislador admite un relativo ejercicio de la prostitución en el ámbito privado. El término “espacios públicos no autorizados” es curioso, ya que no existen tales espacios reglamentados.

A pesar de que no se castigue el ejercicio de la prostitución existe otra realidad, la que se vive en las calles de las ciudades de nuestro país. La policía es la institución que actúa, no sólo reprimiendo, sino controlando “la caja” que genera el trabajo sexual. Con complicidad de la política y las fuerzas de seguridad, se lleva a cabo el control social de las mujeres que deciden esta forma de vida y explotando a quienes no la deciden. Además hay quienes se autoorganizan en los lugares en donde trabajan, pero por la falta de reglamentación no se les asegura una calidad de vida ni un bienestar como merece cualquier otro ciudadano en un Estado de Derecho. Aquí entran en jaque las libertades civiles, políticas, económicas y sociales de todos los habitantes de nuestra nación. 

La Constitución Nacional es el instrumento máximo del Estado en el que funda sus principios básicos, y exige a todas las leyes de menor rango y ámbito que se adapten a ella. La prostitución no es un delito, por lo tanto es permitida. Según nuestra carta magna todos los habitantes de la nación gozan del derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita (art. 14). Las prostitutas autoorganizadas que trabajan en ámbitos privados también exigen la contemplación del artículo 19, en el que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a ser lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Tanto AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) como otras organizaciones pro regulación exigen los derechos laborales básicos de cualquier trabajador, con las especificidades concretas de su rubro. Entre ellas, el derecho a la sindicalización, a una obra social y una libreta sanitaria, a aportes jubilatorios que aseguren un retiro voluntario y una vejez libre de necesidades. Dicho argumento tiene un sustento jurídico contundente basado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que “el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas, (…), organización sindical libre y democrática, (…). El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social (…), seguro social obligatorio, (…), jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Desde la perspectiva internacional, el Estado argentino ratificó los pactos y tratados internacionales, entre ellos los de derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 75 inciso 22). Esto quiere decir que el Estado se obliga, como parte integrante a realizar políticas públicas y de contención que aseguren la paz social de toda comunidad. La grave situación que viven las trabajadoras sexuales atenta contra los principios que proclaman las libertades civiles. Estos tratados también obligan a los Estados a tomar acciones positivas que persigan las redes de trata y toda forma de explotación contra las mujeres.

Es necesario que los Gobiernos brinden, por un lado, otras posibilidades a quienes no quieren ejercer la prostitución y, por otro lado, regular las precarias condiciones para que las que sí sostienen que quieren dedicarse al trabajo sexual. Además de, abolir, de una vez por todas, la trata de personas.